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Hasta ahora teníamos retales sueltos de esta falsedad, pero los cables filtrados por Wikileaks, tanto en su web como
a través del diario El País, han confirmado nuestras peores sospechas. La realidad estaba tras un reguero de datos e informaciones que son públicos desde hace años. Por ejemplo, el año pasado pude reconstruir los pasos dado por el Gobierno y los grupos de presión para
forzar una legislación a favor de sus intereses utilizando las hemerotecas de los periódicos.
Recordemos la situación: en España los enlaces p2p no son delito. En 10 casos ha habido sobreseimientos libres a diversas páginas de enlaces en varias audiencias provinciales. En los únicos casos donde ha habido una sentencia condenatoria ésta ha sido “de conformidad”. Es decir, se ha llegado a un pacto con los denunciantes en el que el acusado se declara culpable y no se juzga el fondo del asunto. La ley Sinde está pensada para
para quitarse de en medio a los jueces y sustituirlos por un órgano administrativo. Si
la justicia no ha dado la razón a la industria en sus demandas de cierre de páginas de enlaces, la “solución” era saltársela.
Mientras la industria tramaba el plan, los políticos españoles han hecho gala de su histórica ineptitud en temas relacionados con Internet, las nuevas tecnologías, los hábitos de los usuarios, la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital, etc. Para ellos (bien por analfabetismo digital, bien por falta de miras o bien por opacidad en sus relaciones con grupos de poder) la ley Sinde ha sido considerada siempre
como un tema menor que no merecerá ni siquiera un debate en el Congreso antes de su aprobación. “Internet debe ser regulado”, dicen quienes necesitan a una secretaria
para que les filtre y borre sin leer los mensajes de los ciudadanos.
Echando la vista atrás podemos ir descubriendo cómo la industria ha ido elaborando el argumentario que ha concluido con éxito en la Ley Sinde:
Paso 1. Si tus clientes cambian de hábitos, no les des alternativas
España está al mismo nivel que otros países de nuestro entorno. Lo que ha ocurrido ha sido un cambio de hábitos de los consumidores, y esto trae consigo la adaptación de estas industrias. Como todas. Como siempre ha pasado y pasará.
En realidad lo que tratan por todos los medios es de mantener los mismos márgenes y situación antes de que la llegada de Internet y la digitalización de los contenidos echara por tierra su modelo de negocio. Incluso pisoteando para ellos los derechos fundamentales de los ciudadanos con la idea de parar el progreso y volver a 1990.
Como ejemplo tenemos el streaming, una forma de acceso a los contenidos audiovisuales que se ha convertido en una de las principales formas de acceso de los usuarios con un gran tirón gracias a sitios como Youtube o Spotify, una plataforma que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios y que triunfa en España. Sin embargo, Spotify (que
ha repartido este año 70 millones de euros a las discográficas) no es
del gusto de la propia industria ya que los márgenes que deja son mucho menores.
En EEUU, la oferta disponible de contenido audiovisual de las multinacionales es muy superior a la española, como puede comprobar cualquier usuario que quiera acceder ahora mismo a un contenido audiovisual. Hasta hace poco menos de un mes, ni siquiera existía una tienda de alquiler y venta de películas en iTunes en España. No es por falta de negocio, ya que lo hay para el que quiera innovar y hacerlo. La semana pasada, Netflix (la compañía que
revolucionó el alquiler de películas en Estados Unidos y se llevó por delante a la cadena multinacional de alquiler de películas Blockbuster y
le forzó a redefinir su negocio)
sustituyó al grupo New York Times en el índice que Wall Street reserva a las 500 mayores compañías estadounidenses, el S&P 500.
En España, las empresas y emprendedores que han intentado montar una plataforma de alquiler o venta de contenidos audiovisuales se ha encontrado con el rechazo de las grandes multinacionales y distribuidoras locales, empeñadas en mantener el precio artificial de su catálogo por encima de todo.
Paso 2. Manipula o inventa las cifras
Esta semana se ha conocido el
informe anual sobre Contenidos Digitales en España 2010, un estudio realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI). En él se detallan de forma pormenorizada algunos datos de la industria cultura en el área digital en España. Destaca que el 45,5% de los ingresos generados por esta industria corresponden al canal digital y que el 24% de los ingresos de la industria musical provienen de ventas en canales digitales, dato que sitúa a España en una situación similar al resto de países desarrollados. Es decir, que compramos por la vía digital tanto o tan poco como los demás. Una heroicidad teniendo en cuenta la falta de oferta existente.
Es curioso este dato, porque contradice toda la pataleta de la industria cultural española de los últimos años. Con 13 de los 124 cables correspondientes a temas de propiedad intelectual en España, es posible hacer un recorrido pormenorizado de cómo han sido estos encuentros, las presiones a las que se han sometido y los falsos argumentos utilizados a lo largo de los años.
Paso 3. Prioriza los intereses de una industria extranjera
Otro ejemplo. En el informe del ONTSI se afirma con datos que los largometrajes extranjeros (básicamente el cine de Hollywood) representan el 84,4% de la recaudación en España.
Sin embargo, el lobby del copyright en España amenaza con que si no se aprueba la Ley Sinde,
estas multinacionales “se van a ir” . Como si alguna industria se hubiera ido alguna vez de un país en el que “solo” representa el 85% del negocio.
A todo esto ¿qué piensan los propios profesionales de la cultura de sus industrias? Esta semana también se han conocido los datos del III Barómetro del Observatorio de la Cultura, realizado por la
Fundación Contemporánea, que analiza de forma periódica la situación de la industria cultural en España. Para ello, se realiza una consulta semestral a profesionales de la cultura como escritores, artistas, directores, productores y actores, etc. Copio un párrafo de la nota de prensa enviada a los medios:
El 58% de los encuestados destaca que el cine español compite con dificultad en promoción y distribución con las grandes producciones internacionales. El 38% cree que el sector se ha creado una mala imagen de subvencionado y politizado. El 36% piensa que aunque el cine español produce buenas películas, no sabe comunicarlas bien ni sintonizar con el público. Por su parte, el 26% considera que el cine español tiene en general poca calidad e interés.
Respecto a la mala imagen del sector cinematográfico español:
“(..) Se le califica de muy subvencionado, politizado y con una imagen muy negativa, se le asignan calificativos como autocomplaciente, arrogante, endogámico y victimista y se le acusa de divismo y de actuar como un grupo de presión”.
Es decir, para la propios profesionales de la cultura en España, el principal problema para que el cine nacional despegue es la dificultad para enfrentarse a las grandes producciones de Hollywood, que recordemos, acapara el 84,4% de la recaudación en taquilla. Por tanto, que una legislación sea favorable a los intereses de Hollywood no significa que tenga que serlo para las industrias locales.
La Ley Sinde sólo beneficia a las multinacionales extranjeras, no a las pequeñas producciones nacionales. El cine español, que lleva desde sus comienzos en crisis, muchos ciudadanos no quieren verlo ni gratis,
y ni siquiera se lo bajan desde redes P2P.
Hace falta un debate profundo sobre qué tipo de industria y acceso a la cultura queremos y que conviene a la sociedad española, sin embargo, es mucho más sencillo simplificar afirmando que los españoles son los más piratas, pidiendo medidas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos para mantener un modelo de negocio caducado. Restringir libertades civiles y matar el futuro para mantener el pasado.
Paso 4: Conspira con otro país para coaccionar al gobierno y los usuarios españoles
El País (un medio que por cierto ha necesitado que Wikileaks le filtre unos cables para descubrir por fin una realidad que está documentada en sus propias hemerotecas) ha contado como la presión estadounidense sobre España
se ejerció a todos los niveles con una estrategia a corto, medio y largo plazo (
07MADRID2305) marcada por la Embajada. Puede
verse gráficamente dentro del
post que publiqué poco antes de que se desvelara el contenido de algunos de los cables con los tags KIPR y SP.
Una de las armas con la que se presiona a España es la inclusión dentro de una “lista negra”, el Informe 301 de “países a vigilar” por vulneraciones de propiedad intelectual, entendida esta siempre dentro de la concepción norteamericana de copyright, no como el concepto europeo de derechos de autor.
Según se desprende de los cables, la inclusión o no de España en este informe ha estado supeditada a
un juego de intereses que nada tiene que ver con la realidad del país. Por ejemplo, en 2004 (
04MADRID736) decidieron como gesto de buena voluntad y esperando un cambio de Gobierno, no incorporar a España en este informe, mientras que en 2005 (
05MADRID696) la decisión de mantenerlo fuera de este informe fue por el anuncio de un plan antipiratería, sin embargo, en 2008 y 2009 se decidió incluirlo. En 2008 (
08MADRID211), la embajada fue clara: si antes de octubre de 2008 el Gobierno no declaraba ilegal el intercambio de archivos entre particulares sin ánimo de lucro, modificaba la famosa
Circular de la Fiscalía del Estado de 2006(PDF) donde se aclara la postura de los fiscales españoles respecto al intercambio en redes P2P y se tomaban medidas como las de Francia y Reino Unido, España sería incluido en dicho informe. Algo que finalmente sucedió.
(Por cierto que los ataques de los grupos de presión y de Estados Unidos a esta circular demuestran que no se lo han leído. En ella, no se despenaliza el intercambio de archivos o las descargas, ya que no es delito. Lo único que hace es describir la situación de la legislación actual, sin modificar ninguna ley).
En este mismo cable, Promusicae, SGAE y FAP recomiendan a EEUU incluir España en dicho informe y que presionen para que se modifique el código penal para criminalizar a los internautas. Además aderezan sus respuestas con datos de estudios de mercado. Es una práctica habitual de los grupos de presión encargar estudios de mercado para generar estados de opinión favorables a sus propios intereses, o bien utilizar estudios ajenos y sacarlos de contexto.
Por ejemplo: la SGAE, para apoyar sus tesis de que España es el país mas pirata, utiliza los datos una estudio europeo realizado en 2007 por la a Asociación de Europea de Publicidad Interactiva (EIAA) sobre hábitos de los usuarios.
Esta encuesta, realizada a 1.000 personas en España, no está orientada a analizar el tipo de contenido descargado, pero en manos de la SGAE se utiliza para convertir los hábitos de descargas de contenidos en una actividad ilegal.
Esta criminalización de los hábitos y acciones de los usuarios de Internet no tiene límites: en otra parte del cable, la FAP comunica a la embajada que dado el crecimiento de la penetración de la banda ancha en España los ingresos de la industria disminuirán por la piratería.
En julio de ese mismo año, la embajada envía un cable donde se identifican a siete páginas de enlaces y se describe su funcionamiento -pero sin que la embajada haya subido o descargado nada, recalcan- mientras se queja de que España está pendiente de la actuación de otros países (
08MADRID843).
Paso 5: Redáctale al Gobierno la Ley Sinde
Ese mismo mes, el embajador se reúne con el Ministro de Cultura, Cesar Antonio Molina, (
08MADRID724) que le informa del plan antipiratería promovido por el Gobierno. Sin embargo, el embajador se mantiene inflexible y le comunica que EEUU ha esperado muchos años a que dieran ese paso, y por eso, España está incluida en el Informe 301. Esta recriminación se repite dos meses más tarde, en un encuentro bilateral (
08MADRID987).
Un año más tarde, en octubre de 2009, en un nuevo cable de la Embajada (
09MADRID982) puede leerse parte de las presiones realizadas a Francisco Ros, en ese momento secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información(*), que públicamente cuestionó los datos de la piratería en España y llegó a decir que la inclusión de España en el Informe 301 era arbitrario e injusto. Así que le organizan a Francisco Ros varias reuniones con ejecutivos de la Industria de Hollywood para “sacarle de su error”.
En noviembre de 2009 se organiza dentro de FICOD, la feria dedicada a los contenidos digitales promovidos por el ministerio de Industria, una conferencia sobre Propiedad Intelectual, cuyo resumen está recogido por un cable (
09MADRID1152) de la Embajada. Todas esas conferencias fueron grabadas en vídeo y están disponibles íntegras en la web de FICOD, por ejemplo, puedes ver esta interesante mesa titulada
“La lucha contra las actividades vulneradoras de derechos de propiedad intelectual en Internet” con representantes de lobby del copyright, los ISPs y altos cargos del ministerio de Cultura.
Sin embargo, lo más importante de este cable sobre FICOD es que la embajada se reúne allí con los ministros de Industria y Cultura, Miguel Sebastán y Gonzalez-Sinde, que comunican que trabajan en una “acción administrativa” contra páginas de enlaces.
Si vemos la mesa redonda antes enlazada podemos ver cómo el representante del lobby del copyright dice allí que el objetivo son 200 páginas web nacionales e internacionales. En el turno de pregunta entra en detalles y especifica punto por punto todas las reformas que van a realizarse, ante la sorpresa del representante ministerial(**), que titubea ante este alarde de conocimiento sobre una ley que aún no había sido presentada. Es un secreto a voces: el lobby del copyright le ha redactado una ley al Gobierno hecha a su medida.
El día uno de diciembre de 2009 se conoce el contenido de la LES con su Disposición Adicional Segunda, conocida popularmente como ley Sinde.
Paso 6: Ignorad a los ciudadanos entre todos
La polémica con la Ley Sinde hace que el Partido Popular se posicione en un primer momento contra esta legislación, así que la embajada se reúne a finales de enero de 2010 con Mariano Rajoy (
10MADRID67), y este explica que su postura contra el cierre de webs se debe a que es un debate sobre la libertad de expresión. La embajada resume el encuentro destacando que el PP comprende la importancia de proteger la propiedad intelectual, pero que sacará beneficio político en el debate si se posiciona en contra.
Unos días más tarde, el 10 de febrero, el embajador se reúne con la ministra de Cultura Gonzalez-Sinde. Este cable (
10MADRID174) es muy jugoso y merece la pena leerlo completo. Hace unos días se
tradujo de manera colaborativa al español por esa razón. Es una radiografía de cómo se hace política, cómo se legisla y en qué situación estamos actualmente en España. Algunos extractos:
(..) La Ministra dijo que desde que llegó al Ministerio el pasado abril se habían hecho muchos progresos y ha habido un debate público y abierto sobre los asuntos que rodean la piratería en Internet. Todavía existen demandas populistas por la [free culture -cultura gratuita/libre], pero se están tomando menos en serio por parte de los medios. Internet está sacudiendo los modelos tradicionales de distribución cultural, dijo. El incremento en el uso del libro electrónico está sensibilizando a los autores y a los dueños de medios influyentes sobre el problema de la piratería.
(..) También constató que la industria musical en particular no cree que la propuesta gubernamental vaya a resolver el problema, a lo cual la Ministra replicó que el Gobierno se ha comprometido a intentar enfocarlo de esa manera en primer lugar y, si esto no se probara efectivo, añadir algo más y, quizá, medidas más fuertes.
Paso 7: Legislad
Y así llegamos al futuro, tu futuro. La ley Sinde se aprobará la semana que viene, se pondrá en marcha en primavera y no funcionará. Lo siguiente será
presionar para empezar a cortar la conexión a Internet como en Francia (no lo digo yo, es que casi lo ha dicho la Ministra de Cultura) y
todas aquellas medidas que al lobby del copyright se le ocurra, porque es así como está todo planeado.
En resumen: todo esto no tiene que ver con las descargas, ni con bajar películas gratis. Es una lección sobre cómo se construye nuestro futuro como país y como sociedad.
—–
(**) Este alto cargo ministerial, Guillermo del Corral, director general de Industrias Culturales, unos meses después de presentada la ley Sinde se fue de consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de España en EEUU
para impulsar la Spain Usa Foundation.
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