Autor: Pablo Romero
De nada han servido
las buenas palabras de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que aseguró que la ley no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios “en ningún caso”. Lo que sí prevé es
la posibilidad de cerrar sitios sin orden judicial.
Ya circula por la Red un manifiesto contrario a dejar en manos de una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos de propiedad intelectual. Se abre así una peligrosa puerta a la temida censura administrativa.
La propia ministra reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros, entre ellas, su bloqueo.
Contra los sitios, no contra los usuarios
El texto de la Ley introduce varias reformas puntuales que harán posible este extremo. Por un lado, se modifica la Ley de Propiedad Intelectual para la creación de este órgano, llamada Comisión de Propiedad Intelectual, con potestad para decidir qué páginas web vulneran los derechos de autor o “facilitan” su vulneración -por ejemplo, porporcionan enlaces a sitios de descargas de música, películas, videojuegos…- y, según su propio criterio, bloquearlas.
Por otro lado, se introduce otro punto en el artículo 8 de la LSSI en el que habilita a “los órganos competentes” la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos “responsables” que estén realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. “Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos que dispongan”, afirma el texto.
Es decir, que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá solicitar la identificación de los responsables de sitios web y, en su caso, cerrarlas, y todo ello sin la intervención de un juez ‘a priori’. Según dijo la ministra ante el Senado, la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
González-Sinde insistía, como ha hecho el Gobierno en los
últimos
meses, en que la persecución de las prácticas contra la propiedad intelectual en Internet no iba a estar enfocada en los usuarios
(como
sucede en países como Francia o Reino Unido), sino contra los sitios de descargas.
Manifiesto de protesta
No obstante, lejos de tranquilizar a nadie, ha puesto en guardia a usuarios, blogueros, profesionales y creadores de Internet.
Un manifiesto de 10 puntos pone de relieve que la nueva normativa podría situar los derechos de autor por encima de otros derechos, como los de privacidad, seguridad, de presunción de inocencia, de tutela judicial efectiva y de libertad de expresión.
El manifiesto también afirma que “la nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural” ya que, gracias a la Red, se ha democratizado la creación de contenidos, los cuales ya no provienen exclusivamente de las industrias culturales. Y sugiere un cambio de modelo para un sector “basabo en el control de las copias de las obras”.
También exige al Gobierno que “devuelva a la sociedad el conocimiento, promueva el dominio público y limite los abusos de las entidades gestoras”, además de “garantizar por ley la neutralidad de la Red en España”.
Texto íntegro del manifiesto
‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español , perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Artículo
de El Mundo donde se analiza el contenido de
esa disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, por la cual el Gobierno ha introducido
la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Además, el texto del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible introduce otro punto en el artículo 8 de la LSSI en el que
habilita a “los órganos competentes” la potestad de
exigir a los operadores que identifiquen a aquellos “responsables” que estén realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor.
“Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos que dispongan”.
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